La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, expresó su alarma ante lo que califica como una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario” y exigió la liberación “inmediata, sana y salva” de las nueve personas.
Una grave denuncia ha sido formulada hoy por la Oficina en Colombia de los Derechos Humanos de la ONU: nueve personas que integraban una misión médica fueron retenidas por un grupo armado no estatal en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.
El equipo secuestrado en mañana de ayer miércoles 8 de octubre de 2025, estaba conformado por profesionales de la salud y conductores adscritos a la E.S.E. San Sebastián, y se movilizaba hacia zonas rurales —como las veredas Agua Bonita y Buenos Aires— para llevar servicios de atención básica y vacunación. Fueron identificadas como las auxiliares de enfermería Aidé Q., Nicol G., María M. y Jhon R.; la enfermera jefe Estefanía S. y la médica Natalia S., además de los conductores, Freiner C. y Helmer Manolo D.
De acuerdo con las versiones citadas por la ONU, las personas habrían sido interceptadas en su desplazamiento por un grupo armado ilegal, que según las autoridades locales correspondería a la estructura Hernando González Acosta, una de las facciones de las disidencias de las FARC.
La ONU, a través de su oficina de Derechos Humanos en Colombia, expresó su alarma ante lo que califica como una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario” y exigió la liberación “inmediata, sana y salva” de las nueve personas.
Además, recordó que el personal sanitario en zonas de conflicto goza de protección irrestricta según las normas humanitarias vigentes.
Desde la Gobernación del Huila, el secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas Rivas, confirmó la retención del equipo médico por parte del grupo armado e indicó que los captores han impuesto controles adicionales en la zona rural, exigiendo que toda persona ajena a las comunidades sea verificada por juntas comunales antes de ingresar al territorio.
Impacto en salud y comunidades rurales
El suceso genera preocupación inmediata por el bienestar de comunidades vulnerables que dependen de estas brigadas médicas para acceder a servicios esenciales de salud. Fuentes locales advierten que este tipo de acciones no solo pone en riesgo la vida de los profesionales, sino que obstaculiza la prestación de servicios y vulnera derechos básicos.
Este evento se suma al contexto de alertas tempranas emitidas para La Plata, por el incremento de presencia de estructuras armadas en la zona y las amenazas contra quienes transitan en territorios rurales afectadas por el conflicto.
Las autoridades locales y departamentales no han emitido un pronunciamiento oficial actualizado para aclarar la condición de los retenidos ni informar sobre posibles gestiones de liberación o diálogo. Organismos de derechos humanos y entidades médicas siguen ejerciendo presión para que se garantice la vida, integridad y libertad del personal capturado.
Contexto de violencia
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente presión militar y control territorial por estructuras armadas ilegales en la zona occidental del Huila. En marzo de 2025, el GAULA reportó capturas contra personas señaladas de participar en secuestros en municipios de La Plata y Nátaga, presuntamente vinculadas a las mismas redes de apoyo de disidencias armadas. Policía Nacional de Colombia.
En septiembre de 2025, un incidente de alta tensión tuvo lugar en La Plata cuando 74 militares fueron retenidos por civiles bajo control de grupos armados en las veredas del municipio. Aunque no se trató de un secuestro clásico, el hecho evidenció el nivel de presión y control territorial que ejercen los grupos armados en la región.
Adicionalmente, en abril de 2025, fue perpetrado un atentado con una motocicleta bomba en el centro de La Plata que dejó dos muertos y decenas de heridos. Aunque no ha sido reivindicado con certeza, autoridades apuntaron a disidencias del Estado Mayor Central.
Estas dinámicas de violencia —ataques explosivos, controles armados, capturas selectivas— han venido configurando un escenario hostil para la movilidad y la prestación de servicios públicos en zonas rurales del departamento.
El secuestro de una misión médica representa no solo una amenaza directa para la vida de profesionales y conductores, sino también un golpe estratégico a la provisión de servicios de salud en zonas vulnerables. La población rural del occidente del Huila depende de estas brigadas para vacunación, atención primaria, control de enfermedades, entre otros.
Analistas consultados por medios nacionales advierten: estos hechos buscan disuadir la presencia del Estado y reconfigurar el control territorial, usando la salud y los derechos humanos como fichas de presión.
El riesgo más inminente es el deterioro de la integridad física y psicológica de los retenidos, especialmente si no se garantiza atención humanitaria, así como la paralización de futuras misiones médicas en la zona.
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